En lo que va de 2024, la URT procesó más de 100 solicitudes de restitución en el corredor minero de Cesar
Los trámites administrativos corresponden a reclamaciones de víctimas de despojo y/o abandono forzado en las comunidades campesinas de Mechoacán y El Prado, en el municipio de La Jagua de Ibirico, uno de los más golpeados por el conflicto._
La Dirección Territorial Cesar-La Guajira de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha asumido con interés prioritario los casos de víctimas que reclaman el restablecimiento de sus derechos en zonas de actividad extractiva en el centro de Cesar. Este reimpulso en las labores de la entidad dentro del denominado corredor minero del departamento obedece a lineamientos dados en el Gobierno del Cambio, que centran el interés en las víctimas del conflicto armado.
Así, llama la atención que, en lo que va de 2024 la URT ha procesado más de 100 nuevas solicitudes de restitución que, una vez admitidas, activaron la etapa administrativa con análisis previos e inicio de estudios formales. Estos trámites corresponden a reclamaciones de víctimas de despojo y/o abandono forzado en las comunidades campesinas de Mechoacán y El Prado, ubicadas en el municipio de La Jagua de Ibirico, uno de los más golpeados por el conflicto en el país.
En el pasado, estos casos emblemáticos de reclamación de tierras terminaron con decisiones de fondo negativas a los intereses de las víctimas, muchas veces por la poca prioridad que se le daba en anteriores administraciones a asuntos relacionados con la actividad minera. Pero esto cambió desde la llegada del presidente Petro, con un modelo de gobierno que orientó la misionalidad de la entidad, y eliminó cualquier dependencia con la política extractivista. Por el contrario, centró el interés en las víctimas y en sus justos reclamos de restitución.
Como ejemplo de ello se presenta la atención prioritaria que la Unidad ha dado al campesinado reclamante de las parcelaciones Mechoacán y El Prado. Al respecto, Astrid Navarro, directora territorial de la URT para los departamentos de Cesar y La Guajira, indicó que en menos de dos meses se han logrado importantes avances en dichos casos. En ellos, la entidad apuesta por la justicia a través del proceso de restitución de tierras en ruta individual.
“Las parcelaciones de Mechoacán y El Prado fueron abandonadas forzosamente desde el año 2002, un tiempo en el que en el centro de Cesar se agudizó la violencia por causa del conflicto armado. En la actualidad, la gestión de la Unidad de Restitución de Tierras en esta zona del departamento se mueve a pasos acelerados en la denominada etapa administrativa, siendo casos de mucha importancia para nuestra dirección territorial con jurisdicción en el corredor minero”, recalcó.
Estos logros también responden al acuerdo logrado por la Unidad de Restitución de Tierras y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para el efectivo cumplimiento de la justicia transicional, a través de una colaboración directa para garantizar la verdad, la justicia y la no repetición de la violencia en los territorios. En línea con la misión de la entidad y el pacto descrito, la URT Cesar – La Guajira adelanta una intensa gestión en etapa administrativa en la que, desde otra mirada, retomó el caso de los parcelamientos de Mechoacán y El Prado.
El desarrollo en el cumplimiento misional va de la mano con la priorización en la gestión catastral por parte de la entidad, que avanzó notoriamente en cifras de georreferenciación, con un total de 105 procedimientos para el soporte de los insumos requeridos en una posible inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.
Es decir, los profesionales de los equipos social, catastral y judicial en etapa administrativa de la URT demuestran así un compromiso férreo con los intereses de las víctimas del conflicto armado, quienes siguen llegando a la Dirección Territorial Cesar – La Guajira con nuevas solicitudes, por cuanto evidencian un trato diferente. Así se consolida el desarrollo de una entidad que, además de existir para el cumplimiento de los objetivos marcados por la Ley 1448 de 2011, desde la llegada del Gobierno del Cambio reorientó sus prioridades para contribuir de forma efectiva a la justicia en favor de las víctimas en Colombia.
