Con firma de memorando entre la ARN y la JEP, el Gobierno Nacional garantiza recursos para las primeras sanciones propias del Tribunal para la Paz

 

La ARN y la JEP, en compañía del presidente Gustavo Petro, suscribieron una alianza para garantizar la financiación de los primeros proyectos restaurativos que se impondrán a los comparecientes de las Farc-EP y la fuerza pública como parte de sus sanciones propias._

Los recursos serán destinados a dos de los casos que actualmente se encuentran en etapa de juicio ante el Tribunal de Paz: el Caso 01, por ‘secuestros’, y el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate._

El documento pone en marcha la subcuenta ‘Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas – ARN’ del Fondo Colombia en Paz, a través de la cual se ejecutarán los proyectos restaurativos, con un monto inicial de $50 mil millones._

• _Esta articulación establece mesas de trabajo para construir los lineamientos que permitirán implementar Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR) a los que se vincularán los comparecientes._

• _El próximo 30 de abril se firmará el Acuerdo No. 001, que formaliza el respaldo del Gobierno Nacional mediante la asignación de recursos, una ruta de gestión clara y obligaciones concretas para asegurar la implementación de todas las sentencias que emita la JEP._

 

Este martes, en presencia del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, *la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) firmaron un Memorando de Entendimiento* que marca el inicio del proceso de articulación institucional para garantizar el cumplimiento de las sentencias que emita el Tribunal para la Paz, en los casos en que haya reconocimiento de responsabilidad y aporte a la verdad.

Este acuerdo, resultado del trabajo conjunto de la Instancia de Articulación entre el Gobierno Nacional y la JEP, pone en marcha la subcuenta *‘Acciones y Prácticas Comunitarias y Restaurativas – ARN’ del Fondo Colombia en Paz*. Esta subcuenta fue creada para diseñar, coordinar, implementar y hacer seguimiento a las acciones restaurativas y comunitarias derivadas de las sanciones propias, o incluidas como medidas de contribución a la restauración, que deben cumplir los comparecientes de las extintas Farc-EP y la fuerza pública que participan del proceso judicial.

La subcuenta arranca con un presupuesto inicial de $50 mil millones, destinado a financiar los proyectos restaurativos vinculados a dos de los casos que ya se encuentran en etapa de juicio ante la Sección de Reconocimiento de Verdad: el Caso 01, por ‘secuestros’, y el Subcaso Costa Caribe del Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate.

Esta articulación despeja el camino para avanzar con decisiones judiciales que no se quedan en el papel sino que están encaminadas a restaurar los daños causados a las víctimas, comunidades y Territorios.

Además del Presidente Petro, en el acto participaron el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga; el secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez; y la directora general de la ARN, Alejandra Miller. También acompañaron la directora del Dapre, Angie Ramírez; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Durante el evento de la firma del acuerdo, el Presidente Gustavo Petro destacó el papel de la Justicia transicional. «La JEP ha descubierto cosas que mucha gente quiere tapar».

Y llamó la atención sobre los retos para cumplir el Acuerdo de Paz en la entrega de 3 millones de hectáreas con la Reforma Agraria, el desarrollo y progeso de los territorios más afectados por el conflicto armado y la vida de los firmantes.

*Para la directora de la ARN, Alejandra Miller, este «memorando es clave porque contribuye a avanzar en la seguridad jurídica de las y los firmantes del Acuerdo de Paz y de los comparecientes de la fuerza pública ante la JEP, que es una población que atiende la Agencia. Esto representa un arraigo a la civilidad. Y tenemos la convicción de que estas acciones restaurativas suman contribuyen a la reconciliación».*

Para el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, este es un día histórico porque la firma de este memorando garantiza que las primeras sentencias estén debidamente financiadas y tengan un respaldo económico. «No queremos fallos de papel sino que transformen la redad de las victimasny de los comparecientes.
Este mensaje es de apoyo político y económico y para quienes se empecinan en la guerra.

La firma de este memorando abre la puerta a un compromiso aún mayor, para garantizar la financiación de todas las sentencias que emita el Tribunal para la Paz. Este acto de hoy marca el inicio de un proceso de coordinación con diversas instituciones para la ejecución efectiva de las sanciones propias.

A través de esta ruta, los responsables de los crímenes más graves impulsarán procesos que transformen las condiciones de vida en los territorios, contribuyan a desarticular los factores que perpetúan la violencia y promuevan el restablecimiento de los derechos colectivos de las comunidades afectadas.

A partir de los compromisos suscritos en este espacio, se crean las mesas de trabajo en las que se construirán los lineamientos técnicos, administrativos y operativos para implementar Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR), que deberán cumplir los máximos responsables que aporten verdad y reconozcan responsabilidad como parte de su sanción, y, en otros casos, como parte de las medidas de contribución a la restauración. Estas acciones serán desarrolladas con la participación de las víctimas y las comunidades, y se priorizarán los territorios más afectados por el conflicto armado.

Las líneas de intervención incluyen proyectos de memoria y reparación simbólica, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, educación, medio ambiente, acción contra minas antipersonal, así como iniciativas con enfoque étnico y diferencial. Todos estos procesos serán monitoreados por mesas técnicas de seguimiento, conformadas por la JEP y la ARN. La cooperación entre ambas instituciones se materializará justamente a través de estos espacios que permitirán articular las decisiones judiciales derivadas de las sanciones propias que se impongan, con el acompañamiento a los comparecientes vinculados a los procesos de reincorporación.

La ARN liderará la implementación de estas iniciativas, respaldada por su experiencia en la ejecución de programas orientados a la no repetición del conflicto armado, con un enfoque de dimensión comunitaria. Entre ellos se destacan el Programa de Reincorporación Integral (PRI) y el acompañamiento a comparecientes de la fuerza pública ante la JEP. Por su parte, la JEP ejercerá un acompañamiento que garantice el direccionamiento estratégico y el cumplimiento de los objetivos del Sistema Integral para la Paz.

De esta manera, se da cumplimiento al Acuerdo Final de Paz, la Ley Estatutaria de la JEP y el Plan Nacional de Desarrollo, que obligan al Estado a crear las condiciones institucionales necesarias para la ejecución efectiva de las sanciones propias.

Trabajo articulado

El Memorando de Entendimiento suscrito entre la JEP y la ARN marca el punto de partida para la emisión de las primeras sentencias, al tiempo que establece un proceso de articulación institucional decidida, efectiva y con impacto real en los territorios. Este documento, que representa un avance concreto en la financiación de las sentencias de la JEP, se articula, además, con otro acuerdo que se formalizará ante la Instancia de Articulación JEP-Gobierno Nacional, el próximo 30 de abril.

Este segundo acuerdo es el resultado de varios espacios de trabajo entre el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; y la directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas. El Acuerdo No. 001 formaliza el respaldo del Gobierno Nacional mediante la asignación de recursos, una ruta de gestión clara y obligaciones concretas para asegurar la implementación de toda las sentencias que emita la JEP. Al mismo tiempo, permite que las entidades del Ejecutivo ajusten su oferta institucional a las necesidades del Tribunal para la Paz.

Se garantiza sostenibilidad y seguridad jurídica

La suscripción de este acuerdo se traduce en seguridad jurídica para los comparecientes de las extintas Farc-EP y de la Fuerza Pública que han reconocido su responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad. En paralelo, garantiza los recursos necesarios para la ejecución de las Iniciativas, Planes, Programas y Proyectos Restaurativos (IPPPR) que servirán de base para las sanciones propias que imponga el Tribunal de Paz en las sentencias, asegurando que respondan a las expectativas de las víctimas y contribuyan a la restauración de los daños causados durante el conflicto armado.

Hoy, gracias al trabajo articulado con el Gobierno Nacional y a los recursos ya disponibles, la JEP tiene un panorama claro para emitir decisiones judiciales firmes que no quedarán en el papel. Las condiciones están plenamente dadas para avanzar hacia la recta final de los procesos del Caso 01, por secuestro, y del Caso 03, por los mal llamados ‘falsos positivos’, que ya se encuentran en etapa de juicio ante el Tribunal para la Paz.

Con estas claridades, la magistratura avanza con las Audiencias de Verificación, y se espera que, en el segundo semestre de este año, se emitan las primeras sentencias, marcando un hito clave en el proceso de la Justicia Transicional Restaurativa.