El Fondo para la Reparación de la Unidad para las Víctimas (FRV) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) concretaron este lunes la adquisición de 18.000 hectáreas a través de la activación de un convenio clave que impulsa la Reforma Agraria y contribuye a la reparación integral de las víctimas del paramilitarismo en Colombia.
Más de 175.000 millones de pesos entrarán directamente al Fondo para la Reparación de la Unidad para las Víctimas, posibilitando la distribución de los recursos para las víctimas y la acción activa del Gobierno del Cambio para darle vocación reparadora a los predios que estaban bajo su administración.
Así lo anunciaron Lilia Solano, directora de la Unidad para las Víctimas, y Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras. “Heredamos un gran rezago en la reparación a quienes sufrieron el conflicto armado, algo que ha devenido en muchísimo sufrimiento para ellas. Con este paso, esperamos reparar alrededor de 5.000 víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz”, afirmó Solano.
Por su parte, Harman explicó que esta es la primera compra masiva que realiza la ANT al FRV en el marco de este convenio, paso que es posible gracias la voluntad política de ambas administraciones para derribar las barreras institucionales que impedían la puesta en marcha del convenio.
“Hoy le damos resultados concretos al país. El Fondo para la Reparación contiene los predios del proceso de paz de 1998 y las víctimas del paramilitarismo. Esos bienes eran activos ociosos del Estado, y la ANT ha tomado la decisión de comprar un paquete de predios que suma las 18.000 hectáreas, que serán entregadas a campesinos sin tierras. El convenio, además, tiene una capacidad de 130.000 hectáreas más, entonces tiene un gran potencial”, señaló el director de la ANT.
¿Cómo funcionará?
Con un presupuesto asignado de más de 175.000 millones de pesos ($175.940.802.693), este acuerdo tiene una particularidad fundamental: cumple con dos objetivos estratégicos. Por un lado, facilita la entrega de tierras a los campesinos, mediante la adquisición de predios entregados por jefes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Por otro lado, los recursos generados por estas compras se destinan a la reparación económica de las víctimas del conflicto.
Antioquia, Córdoba, y Santander, son algunos de los principales departamentos en los que se encuentran los predios priorizados para esta adquisición. En ese sentido, las tierras que pertenecieron a la antigua Casa Castaño, el Bloque Central Bolívar, Bloque Centauros, Bananeros y Metro, entre otros, se pondrán al servicio de las y los campesinos víctimas.
La reciente modificación del convenio entre la ANT y el Fondo de Reparación permite una toma de posesión más rápida de los predios, acelerando los tiempos de entrega de tierras a las familias campesinas que esperan acceder a estos territorios para proyectos productivos. La ANT ahora puede analizar la viabilidad de los predios presentados por el Fondo de Reparación mediante estudios agronómicos y técnicos, garantizando que las tierras adquiridas sean aptas para el desarrollo rural.
Este convenio con la Unidad para las Víctimas se suma a otras dos vías principales que la ANT utiliza para adquirir tierras en el marco de la Reforma Agraria: la compra voluntaria de predios y el convenio con la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mediante el cual se adquieren bienes que han sido objeto de extinción de dominio.