Durante estos primeros 12 meses de gestión se resalta la formulación de los planes de reparación y una planeación más efectiva para brindar soluciones estructurales que permitan empezar a saldar la deuda histórica con las víctimas.

El Gobierno del Cambio cumplió su primer año en el que la Unidad para las Víctimas, liderada por su directora Patricia Tobón Yagarí, avanzó en el reconocimiento de las víctimas como sujetos que pueden transformar su realidad y la de sus territorios. Durante estos primeros 12 meses de Gobierno se interiorizó en la deuda histórica que existe en cuanto a la atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, y la necesidad de empezarla a saldar.

Por eso, durante esta primera etapa del Gobierno del Cambio, desde la Unidad para las Victimas se destaca el cierre de los procesos consignados en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado en el anterior Gobierno. También, en el trabajo para destrabar varios procesos que no tenían mayores avances, así como en la formulación de los planes de reparación y en una planeación más efectiva para superar los rezagos existentes en la historia de la política de víctimas.

Desde la llegada de Patricia Tobón Yagarí a la Unidad se han adelantado acciones para convertir la entidad en un referente ético, de transparencia y lucha contra la corrupción, priorizando la atención a la población víctima del conflicto, siendo conscientes de que reparar las heridas que dejó la guerra no es fácil, por lo que se priorizó el trabajo de la mano con víctimas y organizaciones de víctimas.

Esos procesos de participación y trabajo mancomunado derivaron en una recuperación paulatina de la cercanía y la confianza hacia la institucionalidad por parte de las víctimas del conflicto. Se destacaron las acciones de asistencia y atención humanitaria, permitiendo garantizar mejores condiciones de vida a las víctimas y, como apuesta para los meses venideros, se buscará profundizar en la atención de las comunidades que aún sufre la presencia y disputa de los actores armados en los diferentes territorios.

También le apostaremos a una mejor articulación del Sistema Nacional de Atención Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y entidades territoriales, con la participación efectiva de las víctimas, para promover la cercanía entre las víctimas y las instituciones. A continuación, algunos avances que se registraron desde que el presidente Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño:

Inversión en asistencia y atención humanitaria

En este primer año del Gobierno del Cambio la Unidad para las Víctimas logró que 601 entidades territoriales cuenten con sus planes de contingencia para atender emergencias humanitarias. La entidad atendió 160 desplazamientos masivos y 42 eventos de confinamiento. También realizó inversiones por un valor de 458.978.020.000 de pesos, para brindar asistencia y atención humanitaria a más de 31.000 hogares, compuestos por unas 89.000 personas.

Además, se respondieron más de 14 millones de preguntas recibidas a través del canal telefónico sobre trámites de consulta, que fueron interpuestos por más de 3 millones de víctimas. También se realizaron más de 1.000 jornadas de atención, que beneficiaron a más de 118.000 víctimas con más de 247.000 trámites y servicios dirigidos a esta población.

Avances en retornos y reubicaciones

En los últimos 12 meses, la Unidad para las Víctimas acompañó 41 planes de retorno y reubicación comunitarios, 16 de ellos étnicos y 25 no étnicos. En cuanto a retornos individuales se brindaron 2.688 apoyos de transporte y traslado de enseres por un valor de 4.071.840.000 de pesos. Asimismo, se destacó durante este tramo la priorización de la atención a la población Emberá, por lo que se han realizado cuatro procesos de retorno, tres desde Bogotá y uno desde Medellín.

Finalmente, se pagaron 2.498 apoyos, que equivalen a 11.895 hogares, por un valor de 7.385.456.800 de pesos. Estos apoyos son un incentivo económico que se entrega a personas u hogares en proceso de retorno como soporte para garantizar su seguridad alimentaria en el primer año luego de su traslado. En los casos en que las comunidades se niegan a retornar a sus territorios, se brindó atención humanitaria de emergencia en las Unidades de Protección Integral a personas (UPI).

Prioridad de la participación y el trabajo en los territorios

Durante este año se preponderó la contribución e incidencia de las víctimas en los diferentes procesos de la Unidad. Algunos de los puntos a resaltar en este sentido fueron la coordinación del proceso de elecciones de mesas de participación de víctimas en los ámbitos municipal, departamental, distrital y nacional, para que continúen con su papel protagónico en la implementación del Acuerdo de Paz e impulsen la verdad, la justicia y la reconciliación.

También, se realizaron dos de los siete encuentros por hechos victimizantes y enfoques diferenciales para fortalecer las capacidades de los líderes y sus organizaciones, de cara a una ruta de incidencia efectiva, y se dinamizó la comisión legislativa de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas que, en coordinación con los territorios, realizó aportes para la actualización a la Ley 1448.

Resultados en reparación a las víctimas

Desde agosto de 2022, la Unidad para las Víctimas indemnizó a través de vía administrativa a 72.243 víctimas del conflicto armado por un valor de 540.418.266.873 de pesos. El 60% del valor de estas indemnizaciones fue entregado a 45.188 víctimas con pertenencia étnica. Como parte de la apuesta por la reparación integral, la entidad realizó jornadas para la inversión adecuada de los recursos, en las que 44.785 víctimas fueron atendidas para fortalecer la toma de decisiones de cara a la reconstrucción de sus proyectos de vida.

Además, por primera vez en la historia, el Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) indemnizó, en cumplimiento de sentencias proferidas y debidamente ejecutoriadas en el marco de la Ley de Justicia y Paz, a 10.053 víctimas con recursos propios que superaron los 23.000 millones de pesos. Cabe destacar que durante este primer año de Gobierno, el Fondo ha monetizado siete bienes que surtieron su etapa de extinción de dominio y fueron vendidos. Esto es más de la mitad de lo monetizado históricamente por el FRV, generando un valor por 9.992.393.216 en favor de las víctimas del conflicto armado.

En cuanto a la reparación colectiva, en este periodo se avanzó con la culminación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) con dos sujetos: el de la comunidad de las Veredas Alto y Bajo Hinche, del municipio de La Palma, Cundinamarca, y el de la comunidad de La Habana, en el municipio de Guadalajara de Buga, Valle del Cauca, donde se logró la implementación de acciones como la restitución, garantías de no repetición, satisfacción y rehabilitación.

Avances en el Registro Único de Víctimas

Durante el período presidencial fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) 345.084 personas que declararon hechos victimizantes en el marco del conflicto armado interno. De estas, 176.918 son mujeres y 167.276 hombres. El desplazamiento forzado, con 286.395 personas incluidas en el RUV, sigue siendo el hecho victimizante que más se declara por parte de las víctimas.

Adicionalmente, desde el 7 de agosto y con corte al 1 de julio, el departamento del país donde más declaraciones se dieron por parte de las víctimas para ser incluidas en el RUV es Valle del Cauca con 52.514, seguido de Nariño con 49.887 y Chocó con 36.413.

Asistencia a víctimas en el exterior

Mediante 76 jornadas de asistencia en consulados de Colombia en todo el mundo y la implementación de 17 iniciativas de reparación simbólica, desde la Unidad se contribuyó a la memoria histórica, la no repetición, y la dignidad de las víctimas en el exterior.

Se atendieron 788 víctimas en el exterior a través de estrategias de recuperación emocional y atención psicosocial. También se entregaron 148 apoyos a emprendimientos de las víctimas en el exterior, mientras que 3.875 víctimas que residen fuera de Colombia fueron indemnizadas administrativamente. Finalmente, se acompañó a 605 víctimas en su decisión, de retornar a Colombia de manera voluntaria e informada.