Solicitantes y segundos ocupantes se capacitaron en el proceso de restitución de tierras en Pailitas, Cesar
- La Unidad de Restitución de Tierras (URT), Dirección Territorial Cesar Guajira, socializó la Ley 1448 de 2011 en relación con su aplicabilidad respecto a los solicitantes y ocupantes de buena fe exenta de culpa del departamento del Cesar.
La Unidad de Restitución de Tierras, desarrolló una socialización de la Ley 1448 de 2011, la cual contó con la participación de líderes sociales, solicitantes y segundos ocupantes quienes despejaron dudas sobre las solicitudes de restitución que se adelantan en el sur del Cesar.
La jornada de diálogo social se desarrolló en el municipio de Pailitas, Cesar, donde colaboradores de la dirección territorial les resolvieron dudas frente al trabajo administrativo que viene desarrollando la Unidad en la vereda El Terror y en los corregimientos: Los Llanos, Las Llaves, Barro Blanco, Caño Arena, Raya Grande, Rayita Oriental, La Paz, San José, La Esperanza y San Isidro.
La última jornada de socialización del año buscó darle tranquilidad a los segundos ocupantes que adelantan procesos con la Unidad, toda vez que se especificó que, en su calidad de opositor en un proceso de restitución, debe demostrar su buena fe para poder recibir una compensación tras devolverle la propiedad a su dueño original.
Las rutas del proceso de restitución (individual y colectiva), ruta a terceros, derechos y ocupantes de buena fe exenta de culpa, fueron los temas tratados en la capacitación, que cumplió con los compromisos acordados en las mesas de impulso de los 8 pilares del PDET Sierra Nevada – Serranía del Perijá que, durante el 2021, aprobó socializar la ruta de restitución de tierras en Valledupar (Cesar), Fonseca (La Guajira) y Pueblo Bello (Cesar).
La directora territorial de la URT Cesar- Guajira, Claudia Mireya Manotas Mejía, precisó que las capacitaciones programadas fueron productivas ya que todos los intervinientes y segundos ocupantes que fueron convocados pudieron capacitarse para que oportunamente presenten sus argumentos y pruebas en la etapa judicial bajo el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
Manotas Mejía destacó además que estos espacios son determinantes para fortalecer la reconstrucción del tejido social en las zonas afectadas por la violencia e indicó que, “la implementación del diálogo social y trabajo comunitario pretende lograr un acercamiento entre la entidad y los solicitantes o segundos ocupantes que participan en el proceso de restitución con el fin de generar confianza y dar claridad sobre cada una de las fases del proceso”.
