La sentenciada fungió como una de las 10 coordinadoras del Programa de Mortalidad Infantil en el año 2011
en el municipio y desde ese cargo favoreció los intereses políticos de Oneida Pinto.
El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Conocimiento de Maicao (La Guajira) dictó sentencia
condenatoria contra la excoordinadora del Programa de Mortalidad Infantil del municipio de Albania (La
Guajira) Eliana Margarita Urango Álvarez, a la pena de tres años de prisión, como responsable de los delitos
de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y
falsedad en documento privado.
En virtud de un preacuerdo la procesada aceptó su participación en diversas irregularidades en la
celebración de los convenios interadministrativos 08 y 04 del año 2011, suscritos con el Hospital San Rafael
de Albania, por un valor de 18.600 millones de pesos y cuyo objeto era articular un programa que permitiera
la reducción de la mortalidad infantil en el municipio, dirigido a niños entre los 0 y 5 años; y brindar
seguridad alimenticia a las madres gestantes.
Del total del contrato fueron desviados 6.500 millones de pesos para la campaña política de la señora
Oneida Pinto a la Gobernación de la Guajira, quien también es investigada por estos hechos. Para lograrlo,
se estableció una red de personas que supuestamente trabajaban en el programa o eran beneficiadas pero
que no existían en realidad.
También se determinó que fueron contratados 10 coordinadores que a su vez subcontrataron a 1.459
personas que nunca ejecutaron las labores de prevención y entrega de ayudas a los beneficiarios de los
convenios, los niños que presentaban altos indicies de desnutrición y mujeres embarazadas de las distintas
rancherías del municipio.
Así, Urango Álvarez fue una de las responsables de tales irregularidades halladas en la planeación,
celebración y ejecución de los convenios, pues ella contrató al personal que recibía sueldo, pero no trabajó
en la prevención de la muerte de niños en Albania, y también elaboró documentos falsos para justificar el
desembolso de los recursos. De esta manera se consolidó el detrimento de recursos públicos por los 6.500
millones.
Por la misma investigación también fueron judicializadas 10 personas más, entre ellas el alcalde de Albania
(La Guajira) para la fecha de los hechos, Yan Keller Hernández.