Por un mal llamado ‘falso positivo’ o ejecución extrajudicial perpetrada en 2004 contra el estudiante barranquillero Orlando Villarreal Cortés, la Fiscalía emitió medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario contra cuatro militares del Batallón La Popa, de Valledupar.
La decisión, conocida por EL HERALDO, fue dictada el pasado 12 de septiembre por la Fiscalía 90 de la Unidad Nacional Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos en contra de los uniformados Miguel Alberto Arrieta Fragozo, Jorgy Gregorio Castellón Romero, Augusto César Jiménez Zambrano y Édgar David Ramos Medina.
Los hechos ocurrieron el 21 de abril de 2004, en el corregimiento de San Antonio, municipio de Manaure, en La Guajira, cuando con tiros por la espalda fueron asesinados la víctima civil Rubiel López González y el barranquillero Orlando Villarreal, un estudiante de contaduría en la Corporación Universitaria de la Costa, CUC, que había decidido en enero de ese año probar suerte en Valledupar tras recibir una propuesta de trabajo.
Por ello, el 9 de abril de 2014, la Fiscalía 67 de Derechos Humanos de Bucaramanga, 10 años después de lo ocurrido, había dictado medida de aseguramiento contra el sargento Néstor Jiménez Corredor, pero el proceso parecía haberse quedado en el olvido.
Los militares habían asegurado que dieron de baja “en combate” a estos dos “guerrilleros de la cuadrilla 59 de las Farc” porque iban a “secuestrar” a unos funcionarios de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, y de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar, que ese día adelantaban labores en el pueblo.
Estos funcionarios, que iban a ser supuestas víctimas de los jóvenes, en realidad declararon, primero, que a las 10:30 de la mañana oyeron unos disparos a pocos metros de donde se encontraban en el casco urbano de la localidad, y no monte adentro como dijeron los uniformados. Segundo, nunca habían recibido amenazas de la guerrilla. Tercero, no reconocieron como subversivos a los abatidos, a pesar de que los militares habían dicho que estos funcionarios de la Umata y Corpocesar sí los habían señalado como rebeldes. Y, cuarto, no había armas cerca de la escena de los hechos, contrario a lo afirmado por los miembros de la fuerza pública.
Entonces, la madre del estudiante barranquillero, Aida Cortés, le había dicho a este diario que la medida de aseguramiento en contra del sargento Néstor Jiménez “está bien”, pero faltaba que los que dieron las órdenes para las ejecuciones extrajudiciales estuvieran presos para que se hiciera justicia en el caso de su hijo.
TOMADO DE EL HERALDO