Con huellas dactilares empezarán a identificarse las víctimas para reclamar la indemnización
A partir de este lunes 16 de julio, de forma piloto, comienza la autenticación biométrica de la identidad de las víctimas contra la base de datos de la Registraduría, al momento de notificarlas de la indemnización administrativa, para evitar fraudes. Se hará de forma piloto en el Punto de Atención de Chapinero, en Bogotá.
BOGOTÁ, D.C.
La Unidad para las Víctimas y la Registraduría Nacional del Estado Civil suscribieron un convenio para realizar adecuaciones a los sistemas de información con el fin de poder llevar a cabo la identificación de las víctimas del conflicto armado de una manera segura que permita evitar la comisión de fraudes al momento de recibir la indemnización administrativa.
Inicialmente la validación biométrica mediante la identificación de las huellas dactilares de cada víctima, contra la base de datos de la Registraduría, se aplicará solo para el proceso de entrega de la indemnización. A futuro, se espera poder aplicarla para otros procesos también.
Ya se han presentado casos en los cuales falsas víctimas pretenden recibir la indemnización de una verdadera víctima, utilizando métodos fraudulentos. Dichas situaciones son materia de investigación por parte de las autoridades pertinentes. Para contrarrestar dicho riesgo, que esta inherente en la operación, la validación de la identidad de la persona basada en las huellas dactilares se considera el mecanismo apropiado e idóneo.
El pasado 4 de julio, por ejemplo, en el Punto de Atención de Chapinero, una víctima recibió su carta de indemnización habiéndose identificado con una cédula falsificada, pero gracias a la campaña que adelanta de manera permanente la Unidad “Ojo contra el Fraude” se pudo identificar esa situación y no logró cobrar ningún recurso en el banco.
La Unidad para las Víctimas enfrenta grandes desafíos relacionados con el otorgamiento de recursos públicos a favor de la población víctima, un derecho que supone grandes inversiones presupuestales para el Estado –cerca de 9 billones de pesos desde el año 2011, en toda clase de medidas reparadoras- que aportan a la reconstrucción de los proyectos de vida de quienes han padecido las consecuencias del conflicto armado. En aras de salvaguardar los derechos fundamentales de la población víctima, resulta indispensable velar por la entrega adecuada de los recursos.
Para poder realizar la implementación de la biometría, fue suscrito el convenio interadministrativo No 070 de 2017 entre la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Unidad para las Victimas, así como fue necesario realizar adecuaciones a los sistemas de información con el fin de llevar a la práctica dicho proceso.
Seguido de esto, se documentó todo el proceso y se capacitó, el pasado 12 de julio, a un grupo de personas en la ciudad de Bogotá, con el fin de dar inicio a la fase piloto, recoger aprendizajes y posteriormente replicar el ejercicio en otras ciudades del país, de forma progresiva.
