Trump pide a Colombia que se reanuden fumigaciones con urgencia
El secretario de Estado de EE.UU., Rex Tillerson, instó hoy al Gobierno colombiano a retomar la aspersión aérea de los cultivos de coca, y se mostró «preocupado» por el sistema de justicia transicional incluido en el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Tillerson hizo referencia a esos temas durante una conversación con el senador republicano Marco Rubio en el marco de una audiencia pública sobre el presupuesto del Departamento de Estado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
«Las cifras de hectáreas cultivadas (con coca en Colombia) son increíbles», aseguró el titular de Exteriores estadounidense.
«Les hemos dicho que tenemos que volver a la aspersión (aérea), tenemos que volver a destrozar estos campos», subrayó Tillerson.
«El presidente (Donald Trump) habló con (el mandatario colombiano, Juan Manuel) Santos directamente sobre esto (durante su visita a Washington en mayo), y vamos a trabajar con ellos para hacer frente a ese asunto», garantizó.
El Gobierno colombiano dejó en 2015 de asperjar los cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, ya que parte de ese químico era arrastrado por el viento, contaminando cultivos legales y fuentes de agua, algo que incluso motivó un litigio con Ecuador.
Tillerson no especificó si su Gobierno quiere que la aspersión vuelva a hacerse con glifosato o con otra sustancia, pero sí respaldó la propia táctica de fumigación aérea, que el Ejecutivo de Barack Obama también apoyaba y que Santos ha sustituido ahora por la erradicación manual y terrestre.
Los cultivos ilícitos de coca en Colombia crecieron en 2016 un 18 % hasta alcanzar la cifra récord de 188.000 hectáreas sembradas, con una producción potencial de cocaína de 710 toneladas métricas, según los cálculos de la Casa Blanca.
Durante la audiencia, Rubio aseguró estar «preocupado» por algunos puntos del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, y sugirió que el Gobierno estadounidense debería «condicionar» la concesión de fondos para su implementación a ciertos cambios.
En concreto, Rubio opinó que la Justicia Especial para la Paz (JEP) incluida en el acuerdo, encargada de investigar y juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado en el país, «pone a las FARC en el mismo nivel que a los miembros del Gobierno colombiano a la hora de procesarlos».
«Eso significa que algunas personas que han estado trabajando con nosotros para acabar con estos grupos criminales podrían ser juzgados por trabajar con nosotros», indicó Rubio.
El senador también se mostró preocupado por la posibilidad de que se «detenga la extradición» de los miembros de las FARC requeridos por la Justicia estadounidense, y opinó que esa guerrilla debería seguir «siempre» en la lista de organizaciones terroristas del Departamento de Estado de EE.UU.
Tillerson aseguró que estaba «de acuerdo con todos los defectos» que el senador había «identificado en el plan de paz», pero dijo que le preocupaba que, si el Gobierno estadounidense condicionaba su ayuda económica a la implementación de cambios en el acuerdo, eso podría quizás «deshacer completamente» el pacto con las FARC.
«Es una cuestión de hasta dónde queremos llegar a la hora de interferir, condicionar o deshacer de alguna forma el plan al que ellos mismos han llegado con las FARC», indicó el jefe de la diplomacia estadounidense.
