La restitución de tierras, una de las banderas del Gobierno de Juan Manuel Santos, busca devolverle a los campesinos los predios que les fueron arrebatados o que abandonaron a la fuerza por cuenta de la violencia desde 1991. Sin embargo, a raíz de la aplicación de esta histórica ley, han comenzado a surgir unas nuevas víctimas que están cargando su fardo en silencio: los propietarios que compraron esas tierras de buena fe y que las están perdiendo por las sentencias de restitución.
Desde que inició su aplicación, en 2012, las víctimas han obtenido sus tierras a través de sentencias de jueces de restitución que con muchas dificultades han podido reestablecerles su derecho.
Sin embargo, luego de que se dieran los primeros fallos quedó en evidencia un vacío de la ley. La ley de víctimas no contempló que los actuales propietarios de esos predios a restituir podían haber comprado la tierra a terceros sin ser conscientes de que ésta había sido obtenida a punta de violencia y sin haber hecho toda la investigación para saber si el predio había tenido problemas antes, que es lo que la ley de víctimas consideró que demostraba la buena fe.
Esto llevó a que los llamados “segundos ocupantes” organizaran marchas y pusieran denuncias públicas, particularmente en los municipios de San Alberto y Sabana de Torres, tras los fallos que les quitaron sus tierras, en 2014.
Sus protestas tuvieron eco y obligaron al Estado a actuar.
En abril de 2015, para subsanar este error, la Unidad de Restitución de Tierras expidió un acuerdo para brindar ‘medidas de atención’ a esos campesinos.
Es un reglamento que busca resarcir a los segundos ocupantes con dos posibles compensaciones: un predio que no supere una unidad agrícola familiar y un proyecto productivo no superior a 40 salarios mínimos. Sin embargo, el mismo acuerdo especifica que la Unidad de Restitución lo aplicará solo si un juez lo ordena.
Los vacío de la Ley de Tierras
Libardo Escamilla, adulto mayor de 76 años, en medio de lágrimas y lamentos fue desalojado de su parcela denominada, La Garza, ubicada en la vereda Rosa Blanca municipio de Sabana de Torres
Un fallo de la sala civil especializada de restitución del Tribunal Superior de Cúcuta concluyo que no era Tercero Adquiriente de Buena Fe Exenta de Culpa
Hoy su esposa padece de una grave enfermedad producto de esta decisión estatal
A los adultos mayores los dejaron en la calle después de que los despojaron de 18 hectáreas de tierra que adquirieron hace 50 años.
“La restitución de tierras es justa” Libardo Escamilla
Gracias al aporte internacional de la embajada de Suecia, interviniente en el proceso de restitución de tierras, goza hoy de un predio de 46 hectáreas, ubicado en Simacota, Santander.
Libardo Escamilla de 76 años de edad y su esposa, cultivan productos para comercialización y consumo diario, además, cuentan con un proyecto productivo de ganadería doble propósito. El campesino que actuó como interviniente en un proceso de restitución de tierras destaca: “la restitución de tierras es justa, la ley 1448 es muy buena y garantiza los derechos a todas las partes, es un proceso incluyente que no vulnero mis derechos”. Durante la entrega de su nuevo predio, las autoridades municipales de Simacota, la fuerza pública y representantes de Anuc, Suecia, Fao y Restitución de tierras le dieron la bienvenida a su nuevo territorio.
A fin de consolidar la reconciliación en el campo colombiano, Suecia, la Fao, la Unidad de Restitución de Tierras y la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC), lideraron un acto de reconciliación para reconstruir las relaciones de confianza entre el Estado y las comunidades vulnerables.
Para Libardo Escamilla, la garantía de respeto a sus derechos y el apoyo económico dado por el Estado y la cooperación Internacional, representan la certeza de un futuro con oportunidades económi
