La Secretaría de Gobierno de Valledupar continúa con el proceso de recuperación y regulación del espacio público en la avenida Simón Bolívar, uno de los principales corredores viales de la ciudad. Durante la jornada, funcionarios de la dependencia dialogaron directamente con comerciantes y ocupantes del sector para socializar las disposiciones vigentes y promover el uso adecuado de estos espacios. La actividad contó con el acompañamiento de las secretarías de Tránsito, Seguridad y Convivencia, así como de la Policía Metropolitana de Valledupar. Según la Administración Municipal, este trabajo articulado busca mejorar las condiciones de movilidad y convivencia en la zona. La Alcaldía reiteró que seguirá adelantando estas acciones en diferentes puntos de la ciudad para garantizar el derecho al espacio público y el orden en las vías.  

  En rueda de prensa, la Agente Especial Interventora del Hospital Rosario Pumarejo de López, Lina De Armas, presentó un informe sobre la situación financiera de la institución y los principales desafíos que enfrenta como consecuencia de la actual crisis económica. Durante el encuentro con los medios de comunicación se entregó un panorama actualizado de la realidad financiera del Hospital, con el propósito de brindar información de interés público y explicar las dificultades que actualmente impactan el flujo de recursos necesarios para garantizar el normal funcionamiento de la institución. Falta de liquidez, uno de los principales desafíos El subgerente Administrativo y Financiero del Hospital Rosario Pumarejo de López, Sabas Antonio Vega Mejía, explicó que uno de los principales factores que actualmente afecta las finanzas de la institución es la falta de liquidez, asociada al comportamiento del recaudo y a la oportunidad en el giro directo de los recursos correspondientes a los servicios prestados. “Nuestra situación financiera y la realidad económica que tenemos están relacionadas con la falta de liquidez y con el no pago oportuno de los recursos del giro directo. Esto ha ocasionado que no tengamos suficiente disponibilidad de caja para cumplir oportunamente con las obligaciones del Hospital”, manifestó el funcionario. De acuerdo con el informe presentado, actualmente el Hospital registra un recaudo mensual cercano a $ 7.000 millones, mientras que para alcanzar un punto de equilibrio financiero requiere aproximadamente $ 12.000 millones mensuales, lo que representa una diferencia cercana a $ 5.000 millones. El funcionario señaló además que, durante el mes de junio, el recaudo alcanzó aproximadamente $ 5.300 millones, situación que evidencia la brecha existente entre los ingresos y las necesidades financieras de la institución. Obligaciones con especialistas, proveedores y contratistas Esta situación de liquidez también ha generado dificultades para atender oportunamente las obligaciones relacionadas con médicos especialistas, personal de enfermería, contratistas, proveedores y servicios públicos, entre otros compromisos necesarios para garantizar la operación del Hospital. Frente a las obligaciones con los médicos especialistas, el Subgerente Administrativo y Financiero explicó que existen acuerdos contractuales que contemplan plazos para el pago de las cuentas, pero que actualmente se presenta un rezago en los desembolsos. “Los médicos especialistas tienen una contratación que contempla unos tiempos para el pago, una vez presentan sus cuentas. Veníamos realizando los pagos oportunamente, pero actualmente tenemos un mes pendiente y se aproxima un nuevo periodo de facturación”, indicó Vega Mejía.   El Hospital informó que viene adelantando mesas de trabajo, procesos de radicación y revisión de facturación, atención de requerimientos, auditorías y procesos relacionados con glosas, con el propósito de avanzar en la gestión de las cuentas pendientes y facilitar la recuperación de los recursos. Hospital insiste en la oportunidad del flujo de recursos Durante la rueda de prensa se explicó que la recuperación de la liquidez depende, en buena medida, de que los recursos correspondientes a los servicios efectivamente prestados sean reconocidos y girados oportunamente. En este contexto, el Hospital señaló que mantiene gestiones y comunicaciones con las entidades responsables del pago, entre ellas COPSALUD, ASMESALUD y Nueva EPS, frente a obligaciones pendientes de pago reportadas por la institución. La Agente Especial Interventora, Lina De Armas, reiteró que la administración del Hospital continúa trabajando en alternativas que permitan fortalecer las finanzas, garantizar el funcionamiento de los servicios y proteger la atención de los usuarios. “Nuestro compromiso es continuar gestionando los recursos y buscando alternativas que permitan superar las dificultades.

  Un incendio forestal inició ayer en Manaure, Balcón del Cesar, y continúa activo en la Serranía del Perijá. La emergencia mantiene en alerta a las autoridades y comunidades de la zona. Desde la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres se activó el protocolo de atención y se articuló el apoyo del Pelotón de Atención de Emergencias del Ejército Nacional – Bimoc. En coordinación con bomberos de La Paz y la Alcaldía de Manaure, las cuadrillas trabajan en tierra para controlar las llamas y evitar que el fuego se expanda. Ante la gravedad de la situación, el Gobierno del Cesar hizo un llamado contundente a la ciudadanía: “Una acción imprudente puede destruir en horas lo que la naturaleza tardó décadas en construir. Nuestros bosques, nuestra fauna y nuestras fuentes de agua están en riesgo”. Las autoridades pidieron evitar quemas, fogatas y cualquier actividad que pueda generar incendios, y recordaron que “¡No quememos nuestro futuro! Cuidar la Serranía del Perijá es responsabilidad de todos y para el bienestar de todos”.  

  Un ataque terrorista con artefactos explosivos lanzados desde drones contra la Subestación de Policía de San Roque, en jurisdicción de Curumaní, dejó como saldo la muerte de un uniformado en la noche del 7 de agosto de 2026. Según el comunicado oficial del Departamento de Policía Cesar, el hecho ocurrió aproximadamente a las 11:00 p.m. cuando varios explosivos impactaron las instalaciones policiales. Como consecuencia del ataque falleció el subintendente Argemiro Rodelo Canchila, de 43 años, quien completaba más de 18 años de servicio en la institución. El oficial sufrió graves heridas por esquirlas y murió en el lugar pese a los esfuerzos de atención. La Policía Nacional rechazó y condenó el hecho, al que calificó como un ataque contra la seguridad y tranquilidad de las comunidades. La institución expresó sus condolencias a la familia del subintendente y aseguró acompañamiento a sus seres queridos y compañeros. De manera inmediata se desplegaron capacidades de inteligencia e investigación criminal para recolectar evidencia y lograr la identificación de los responsables. La Policía indicó que mantiene todas sus capacidades activadas para proteger la vida y garantizar la seguridad en el Cesar. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que suministre información que ayude a ubicar a los autores del ataque, a través de las líneas institucionales, garantizando absoluta reserva.  

  La cárcel de máxima seguridad La Tramacúa recibió en las últimas horas un grupo de internos considerados de alto perfil, como parte del operativo nacional que adelanta el Gobierno para recuperar el control de los establecimientos penitenciarios del país. El traslado fue ejecutado por el INPEC y hace parte de la estrategia anunciada esta semana para desarticular el poder que algunas estructuras criminales mantienen desde las cárceles. En total fueron movilizados 117 reclusos vinculados a procesos de negociación de paz y señalados de dar órdenes a organizaciones delictivas. Entre los trasladados se encuentran cabecillas reconocidos como alias Douglas, Carlos Pesebre y El Indio, quienes fueron distribuidos en ocho cárceles de máxima seguridad. Además de La Tramacúa en Valledupar, los destinos incluyen los penales de Bogotá, Medellín, Girón, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. Fuentes del Gobierno indicaron que con esta redistribución se busca romper las líneas de mando al interior de las prisiones, limitar las comunicaciones ilegales y garantizar la seguridad tanto de los internos como del personal penitenciario. «La corrupción y el delito no pueden seguir operando desde las cárceles. Cada peso de los colombianos y cada medida de seguridad es sagrada», señaló un vocero del Ministerio de Justicia al confirmar la operación. El INPEC informó que el procedimiento se realizó sin novedades y que los internos quedaron bajo protocolos especiales de vigilancia. Con este traslado, La Tramacúa se consolida como uno de los centros clave en la política penitenciaria del Gobierno para albergar a personas privadas de la libertad de alta peligrosidad.    

Abelardo de la Esprilla asumió este viernes la Presidencia de la República con un llamado a la unidad y a recuperar la confianza en Colombia. Acompañado por su esposa y ante las instituciones, afirmó que gobernará para todos los colombianos, con respeto a la democracia y a las regiones. Anunció que su gobierno se enfocará en recuperar el orden, la autoridad y la seguridad, con cero tolerancia a la corrupción y defensa de cada peso público. «Ha llegado la hora de volver a creer en Colombia y construir juntos la Patria Milagro», aseguró. «El Tigre ha llegado para servir, trabajar y defender al pueblo colombiano».