Formación, empleo, pensiones, subsidio familiar e inclusión laboral consolidan uno de los balances sociales más importantes del sector durante el cuatrienio. El Ministerio y sus entidades adscritas ampliaron derechos, fortalecieron la protección social y modernizaron sus servicios con inversiones históricas que beneficiaron a millones de personas en todo el país. Con inversiones históricas, una mayor cobertura en los servicios del Estado y resultados que hoy impactan la vida de millones de colombianos, el Ministerio del Trabajo presentó su balance de gestión y de las entidades adscritas al sector durante la Rendición Pública de Cuentas 2022-2026. Los resultados evidencian un fortalecimiento sin precedentes de la formación para el trabajo, la protección social, el empleo y el subsidio familiar, consolidando un legado institucional orientado a ampliar derechos y generar oportunidades para la ciudadanía. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que «este Gobierno entendió que invertir en las personas es la mejor manera de construir país. Cada recurso destinado al sector Trabajo se convirtió en oportunidades para estudiar, conseguir un empleo digno, emprender, acceder a una pensión o mejorar la calidad de vida de millones de familias colombianas. Ese es el legado que hoy entregamos al país». Uno de los mayores protagonistas de esta transformación fue el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que durante el cuatrienio alcanzó el mayor fortalecimiento financiero de su historia. La entidad incrementó su presupuesto en un 110 %, aseguró $4,7 billones adicionales para infraestructura mediante el reconocimiento de la deuda histórica e invirtió $941 mil millones en la modernización de sus ambientes de formación. Estos recursos se tradujeron en oportunidades para 812 mil aprendices beneficiados con el Contrato Laboral de Aprendizaje, 1,4 millones de campesinas y campesinos formados a través de CampeSENA, 2,2 millones de personas vinculadas laboralmente mediante su Agencia Pública de Empleo y más de $730 mil millones destinados al Fondo Emprender para impulsar miles de iniciativas productivas en todo el territorio nacional. En materia de protección para la vejez, Colpensiones fortaleció la sostenibilidad del sistema y mejoró significativamente la atención a los ciudadanos. Durante el periodo incorporó un millón de nuevos afiliados, recibió 592 mil traslados desde fondos privados y fortaleció el régimen con más de $59 billones en ingresos, permitiendo atender a cerca de 1,9 millones de pensionados con pagos mensuales superiores a $5,7 billones. Paralelamente, la entidad modernizó sus procesos, reduciendo de manera significativa los tiempos para el reconocimiento de prestaciones y ampliando la oferta de servicios digitales para facilitar el acceso de los usuarios. La Unidad del Servicio Público de Empleo también superó las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo al lograr 4,27 millones de colocaciones laborales, sobrepasando el objetivo previsto para el cuatrienio. Los avances fueron especialmente significativos para las poblaciones con mayores barreras de acceso al mercado laboral, al registrar cerca de dos millones de mujeres vinculadas, casi 600 mil víctimas del conflicto colocadas y más de 19 mil personas con discapacidad empleadas. Estos resultados fueron posibles gracias al fortalecimiento de una red nacional que hoy cuenta con 211 prestadores, 735 puntos de atención y presencia en 204 municipios del país. Por su parte, la Superintendencia del Subsidio Familiar consolidó un modelo de supervisión más moderno, preventivo y transparente que permitió optimizar el uso de los recursos parafiscales en beneficio de las familias trabajadoras. Como resultado, se destinaron $65.980 millones para fortalecer subsidios de vivienda dirigidos a mujeres rurales, se asignaron 1.413 subsidios habitacionales en 238 municipios, se recuperaron y redistribuyeron más de $50.000 millones del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) y se brindaron 165.522 atenciones ciudadanas, acompañadas de procesos de capacitación para más de 35 mil trabajadores sobre el Sistema del Subsidio Familiar. Este balance evidencia que el sector Trabajo no solo fortaleció sus instituciones, sino que convirtió la inversión pública en bienestar para la ciudadanía. La ampliación de la cobertura, la modernización de los servicios, el impulso al empleo, la formación para el trabajo y la protección social dejan un legado que trasciende las cifras: millones de colombianos cuentan hoy con más oportunidades, mayores garantías y un Estado más cercano, eficiente y comprometido con el trabajo digno y la justicia social.    

  Con el objetivo de fortalecer entornos escolares seguros, la Policía Nacional a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, en articulación con la Personería Municipal, la Comisaría de Familia y el cuerpo docente de la Institución Educativa Benito Ramos Trespalacios, realizó una jornada de registro pedagógico en el corregimiento de La Loma de Calenturas. La actividad se desarrolló en el marco de la estrategia @E-PAIS y estuvo dirigida a estudiantes, con acciones de prevención y sensibilización sobre la tenencia y el porte de sustancias ilícitas. Así mismo, se socializaron las implicaciones del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, establecido en la Ley 1098 de 2006. El coronel Raúl Pérez Aramendiz, comandante encargado del Departamento de Policía Cesar, indicó que estas intervenciones buscan promover una cultura de legalidad, respeto y corresponsabilidad entre estudiantes, docentes, padres de familia y autoridades, para proteger a los niños, niñas y adolescentes del departamento. Con este tipo de jornadas, las instituciones reiteraron su compromiso de trabajar articuladamente para garantizar la sana convivencia y la seguridad en las instituciones educativas del Cesar.

La Policía Nacional capturó a un hombre de 33 años, señalado como presunto responsable de lesionar con arma de fuego a una trabajadora de la red de servicios SuperGIROS en el barrio Don Alberto. Los hechos se registraron en la carrera 45 con calle 14B. Según el reporte, la víctima, una mujer de 29 años, fue abordada en su lugar de trabajo y atacada con varios disparos. La mujer fue trasladada al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede Sabanas del Valle, donde permanece estable y bajo atención médica. Gracias a la rápida reacción de los uniformados y al apoyo de la comunidad, el presunto agresor fue interceptado cuando intentaba huir. Durante el procedimiento le fue incautada una pistola Glock calibre 9 mm y una motocicleta que, según las autoridades, habría sido utilizada en el ataque. La motocicleta fue posteriormente incinerada por algunos ciudadanos. El capturado también resultó lesionado con golpes ocasionados por la comunidad durante su intento de fuga, por lo que recibió atención médica antes de ser dejado a disposición de la Fiscalía por el presunto delito de tentativa de homicidio. El coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, destacó que este resultado hace parte del compromiso institucional con la protección de la vida y la seguridad ciudadana. De acuerdo con las verificaciones, el detenido registra 3 anotaciones judiciales entre 2016 y 2019 por porte ilegal de armas de fuego, hurto y delitos contra la vida e integridad personal. La investigación preliminar señala que sería hermano de Einer David Ramírez Torregrosa, quien fue neutralizado el pasado 25 de junio por un guarda de seguridad en el mismo sector, cuando presuntamente intentaba cometer un hurto en un establecimiento de giros. La Fiscalía definirá la situación jurídica del capturado en las próximas horas.

El Gobierno del Cesar, en articulación con la Fiscalía y la Policía Nacional, cumplió una jornada de sensibilización en la Institución Educativa Nacional Agustín Codazzi dirigida a estudiantes, docentes y directores rurales. La actividad se desarrolló en el marco de la estrategia nacional _#EsoEsCuento_ y tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos sobre prevención de la trata de personas, el reclutamiento ilícito de menores y la violencia sexual en entornos digitales. Durante el encuentro, las autoridades explicaron a la comunidad educativa cómo identificar falsas ofertas, engaños y otras modalidades utilizadas por redes criminales para captar víctimas. También se socializaron las rutas de atención y se promovió la denuncia oportuna. Con esta campaña se busca que niños, adolescentes y toda la comunidad educativa del Cesar cuenten con herramientas para protegerse y actuar frente a posibles casos de vulneración de derechos.

En operativos de control a empresas transportadoras, la Policía Nacional incautó cerca de 40 kilogramos de marihuana que pretendían ingresar a la ciudad a través de dos encomiendas procedentes de Armenia y Cali. El procedimiento fue realizado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana. Durante la inspección detectaron dos paquetes con características sospechosas. Al abrirlos, hallaron en su interior una sustancia vegetal que por sus características físicas y organolépticas corresponde a marihuana, con un peso aproximado de 40 kilos. De acuerdo con el coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, estos controles hacen parte de la estrategia para golpear las finanzas y la logística de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. “La inspección en empresas de mensajería nos permite identificar y neutralizar el envío de sustancias ilícitas antes de que lleguen a las calles”, indicó el oficial. La droga fue dejada a disposición de la Fiscalía para avanzar en las investigaciones que permitan identificar a los responsables del envío y de la recepción de las encomiendas en diferentes direcciones de Valledupar.

  Una juez de conocimiento de Bogotá condenó al exalcalde de Santa Marta, Carlos Eduardo Caicedo Omar, a 9 años y 9 meses de prisión por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Según la Fiscalía, Caicedo intervino en la estructuración de un contrato del 20 de agosto de 2014, por 6.532 millones de pesos, entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y una empresa privada para la remodelación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz. La investigación estableció que el proyecto se impulsó sin estudios previos, licencias de demolición, conceptos técnicos del Ministerio de Salud y sin estar incluido en el plan anual de adquisiciones. Las licencias solo se expidieron tres años después de iniciadas las obras. Las irregularidades generaron un detrimento patrimonial superior a 5.040 millones de pesos. Al contratista se le giraron 4.408 millones, pero las obras ejecutadas apenas sumaban 1.570 millones. Además, varios centros de salud tuvieron que suspender servicios y trasladar la atención, y hasta hoy el centro de salud de Mamatoco sigue inconcluso. Adicional a la pena de prisión, la juez impuso una multa de 4.453 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2014 y 9 años y 9 meses de inhabilidad para ejercer cargos públicos. La sentencia es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.