Foto: Andrea Puentes – Presidencia   Así lo advirtió este lunes el jefe de Estado durante la instalación del Consejo de Ministros televisado, en el cual reiteró en la importancia de la implementación de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada para equilibrar la situación fiscal y las finanzas públicas afectadas por el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. ​“Con la caída de las leyes de financiamiento se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la Emergencia Económica, que si la tumban pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos», dijo el mandatario en el Consejo de Ministros. Explicó que con la decisión del Legislativo la situación del déficit primario del país se agravó. “¿Cuál es la teoría contable del déficit fiscal? Que si un país está en déficit primario, entonces el desbalance de su balanza comercial va a producir un desbalance mayor del déficit en balanza de ingresos y egresos del Estado. Eso significa que la deuda se vuelve impagable, es insostenible en el tiempo; es la situación en la que estamos», indicó. En ese contexto, el presidente afirmó que la deuda solo será “pagable si hay superávit primario», y eso era precisamente lo que buscaba el Gobierno con la Ley de Reforma Tributaria y con las dos leyes de financiamiento que hundió el Congreso. Asimismo, alertó que si no se da luz verde a los decretos de la Emergencia la situación fiscal del país se agravará en el próximo Gobierno. “Lo que han determinado es llevar al país a un estado de impagabilidad que no será en nuestro gobierno. Nosotros tenemos más o menos resuelta la situación presupuestal, la cual se agrava un poco, pero el problema surge en el próximo gobierno. Cada vez que avance el tiempo sin disminuir el déficit primario se agrava la situación fiscal de Colombia, encareciendo la deuda; cada vez será más cara», manifestó. ​Sobre el re​corte del gasto En el mismo contexto, el presidente Petro se refirió a los cuestionamientos de algunos sectores políticos y económicos del país, según los cuales le piden al Gobierno reducir el gasto público para responder a la crisis fiscal. “Repiten que hay que recortar los gastos; pues nosotros recortamos el año pasado: 16 billones de pesos, ya hemos recortado gastos», recalcó. En ese sentido, el jefe de Estado puso de presente que la última opción sería recortar gastos en salud, educación, el sueldo de los soldados y la Policía, las pensiones o el pago mismo de la deuda, lo cual la Constitución prohíbe. “En relación a la deuda, (la Constitución) ordena que es primero que todo; eso está escrito ahí. Y en relación a pensiones, salud, educación, ordena que el gasto social no puede disminuir de año en año», puntualizó. “Y en relación a los soldados, los sueldos de los soldados y policías, etcétera, que sería lo que habría que disminuir, pues ellos ya tienen ese derecho adquirido, hay derechos adquiridos», agregó en la instalación del Consejo de Ministros. ​Las medid​as clave de la Emergencia Económica y Social El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, expidió el Decreto 1474 de diciembre del 2025 por medio del cual se adoptan medidas tributarias destinadas a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para hacer frente al Estado de Emergencia Económica y Social declarado por el Decreto 1390 de 2025. El Decreto 1474 surge de la declaración del Estado de Emergencia que autoriza al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, a dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Además, contempla que de forma transitoria puede establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En este contexto, las medidas que se constituyen en el eje central del Decreto 1474  son: • Durante el año gravable 2026 quedarán gravados con el impuesto sobre las ventas del 19% los bienes sujetos al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, del que trata el artículo 202 de la Ley 223 de 1995 y los que se encuentren sujetos al pago de la participación que aplique en los departamentos que ejerzan el monopolio de licores destilados. • Los juegos de suerte y azar operados exclusivamente por internet, en el territorio nacional o desde el exterior, estarán gravados con el impuesto sobre las ventas (lVA) del 19%. La base gravable estará constituida por los ingresos brutos del juego, entendidos como el total de las apuestas menos los premios pagados en el bimestre correspondiente. • Sobre el ajuste del impuesto al patrimonio se fijó que el umbral bajará de 3.600 millones a 2.000 millones de pesos y un incremento progresivo de hasta 5 % para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos. • Puntos adicionales en la tarifa del impuesto sobre la renta para el sector financiero. Los sujetos pasivos del impuesto sobre la renta y complementarios estarán obligados a liquidar 15 puntos adicionales al impuesto sobre la renta y complementarios. En adelante pagarán el 15% de sobretasa. • Se crea el impuesto temporal que grava la extracción en el territorio nacional de hidrocarburos y carbón de partidas arancelarias, al momento de la primera venta o la exportación.  Los hechos generadores del impuesto son: -La primera venta dentro o desde el territorio nacional, de hidrocarburos y carbón. -La presentación y aceptación de la solicitud de autorización de embarque al resto del mundo, de hidrocarburos y carbón. • Sobre el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, la norma dice que el generador del impuesto está constituido por el consumo de cigarrillos, tabaco elaborado, derivados, sucedáneos o imitadores, en la jurisdicción de los departamentos. Se excluye del impuesto al consumo de tabaco, al chicote de producción artesanal. El Dane deberá certificar la base gravable para cada uno de los productos sujetos al impuesto al consumo. • El Decreto ordena reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para los sujetos de obligaciones […]

Foto: Ministerio de Hacienda y Crédito Público ​La reducción de la gasolina obedece a la baja en los precios internacionales del combustible. Esta reducción obedece, principalmente, a que la Nación ya se puso al día en la deuda con Ecopetrol por $72 billones que había heredado del gobierno pasado, cifra que ya fue cancelada​ por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. A ello se suma que hoy el precio internacional de la gasolina está por encima del precio interno, por tanto, el Gobierno busca nivelarlos. En declaraciones a medios, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, explicó que la reducción de $300 por galón “es la alternativa” que se está estudiando. “Con el presidente Petro y con el equipo de Ecopetrol, hemos venido evaluando la propuesta de reducción del precio de la gasolina. La brecha entre el precio internacional y el precio interno se ha venido cerrando con respecto a los recursos que serán girados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustible (FPEC), y esto nos permite pensar en la posibilidad de ajustar a la baja el precio de la gasolina”, dijo el jefe de la cartera. Agregó que “un valor aproximado de $300 pesos en la reducción de este precio es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes, y creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contra inflacionaria muy fuerte, que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en salario mínimo y de la nueva coyuntura”, explicó Ávila Plazas. El primero de enero de este año el precio de la gasolina corriente ya había tenido una primera alza de $90 por galón y quedó en $16.057, mientras el acpm tuvo un reajuste de $99 por galón y quedó en $10.984.

Con una obra de teatro que simuló un salón de clases, donde se expusieron las complejidades de los entornos escolares y, a su vez, promovió el respeto por las diferencias, la escucha activa, la empatía y la solidaridad como valores esenciales para la convivencia de los estudiantes, inició el calendario escolar 2026. El acto protocolario se desarrolló en la Institución Educativa Milciades Cantillo Costa, como bienvenida a los 74.000 estudiantes, de acuerdo con el reporte del Sistema Integrado de Matrículas, SIMAT. La secretaria de Educación Municipal, Karol Lobo Cardona, en compañía de la Secretaría de Gobierno, la Oficina de Gestión Social y la Secretaría de Seguridad y Convivencia, indicó que, de manera articulada, el gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán trabaja para fortalecer todas las políticas institucionales que permiten fortalecer cada uno de los procesos para los educandos. Durante el acto de apertura, Javier Ramírez Molina, rector de la Institución Educativa Milciades Cantillo Costa, compartió un mensaje de motivación y esperanza. “Nos complace y enorgullece este año, que estará lleno de muchos éxitos y honores”, expresó. Así mismo, el mayor Pedro Pinzón, del grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, orientó su mensaje enfatizando la necesidad de asumir buenos comportamientos que contribuyan a una mejor calidad de vida y al fortalecimiento de entornos educativos, sanos y seguros. Los 47 establecimientos educativos de la capital del Cesar, con sus 62 sedes urbanas y 121 sedes rurales, cuentan con las condiciones necesarias para garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas y adolescentes del municipio, quienes, durante 40 semanas de trabajo escolar, distribuidas en dos periodos semestrales, adelantarán sus estudios. En el inicio de clases también participaron de manera activa organismos como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Migración Colombia.  

  Este martes, 20 de enero de 2026, en el auditorio de la sede de Bellas Artes, la Universidad Popular del Cesar realizará el lanzamiento de la Maestría en Ingeniería con énfasis en investigación y la actualización de la Especialización en Gestión de la Calidad y Auditoría de Servicios de Salud. Estos programas se constituyen en una oferta académica pionera en la región Caribe y representa un gran avance en el fortalecimiento de los procesos de investigación y formación avanzada en ingeniería y sector salud. Ambos programas hacen parte de las metas del Plan de Desarrollo Institucional y de la propuesta de gobierno de la administración universitaria liderada por el rector Rober Romero Ramírez.

Foto: Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ​En Roberto Payán (Nariño) las comunidades organizadas avanzan en el proceso de sustitución voluntaria con el liderazgo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. “Nariño demuestra que donde hay paz hay sustitución», afirmó la directora de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, al resaltar el compromiso de los grupos armados que le han apostado a la paz territorial en Nariño con la transformación económica de esa región. ​Miranda se refirió de manera específica al proceso de paz del Gobierno nacional con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), disidencia de las extintas Farc que tiene presencia en los departamentos de Nariño y Putumayo y que viene mostrando resultados en el acuerdo relacionado con la sustitución de hoja de coca. “En Tumaco hay una clara muestra de que está avanzando la paz y se ve la mejor muestra de voluntad de los grupos de avanzar en la sustitución. Allí tenemos ya más de 7.000 hectáreas en proceso de sustitución, que reafirman el compromiso del campesinado, pero también del grupo armado de transitar hacia una economía legal», resaltó la titular de la Dirección de Sustitución. Un panorama similar se registra en el municipio de Roberto Payán, también en Nariño, donde hay diálogos de paz con la CNEB. “A raíz de esa mesa de paz con la CNEB, es evidente que la sustitución tomó un impulso muy fuerte en Nariño y prácticamente tenemos el 90% de la coca de Roberto Payán inscrita para proceso de sustitución», destacó Miranda. ​Proceso con Com​uneros del Sur Agregó que lo propio ocurre en las regiones de Nariño donde avanza la mesa de diálogo de paz con el grupo armado Comuneros del Sur, disidente del Eln. “En Nariño, en la región de Abades, en Samaniego y Santa Cruz de Guachavés y Ricaurte, donde hay una mesa de diálogos de paz con Comuneros del Sur, también hay resultados en materia de sustitución, aunque se requiere de un mayor impulso», indicó. Con relación a la sustitución en Putumayo, Miranda hizo referencia a importantes avances en los municipios de Villa Garzón, Orito, San Miguel y Valle del Guamuez, a pesar de la desconfianza generada en las comunidades por incumplimientos de gobiernos anteriores en el llamado PNIS (Plan Nacional Integral de Sustitución). “En estos municipios hay una negociación en curso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Tenemos cerca de 4 mil hectáreas en proceso de sustitución en Putumayo. A raíz de nuestro cumplimiento la confianza se está recuperando», subrayó Miranda. 30 mil hectáreas, en sustitución voluntaria ​Además, puso de relieve que en el Gobierno del presidente Gustavo Petro se han inscrito 30 mil hectáreas de hoja de coca para sustitución voluntaria, de las cuales el 60% ya se han sustituido y el 40% restante está en procesos de pagos y proyectos productivos en marcha. “Con una inversión de 1,4 billones de pesos, el Gobierno nacional le apuesta a la sustitución voluntaria para combatir el narcotráfico con paz, presencia y oportunidades reales para la transformación de los territorios», concluyó la titular de la Dirección de Sustitución.

  La Décima Brigada del Ejército Nacional ha ratificado la suspensión general de permisos para el porte de armas de fuego en los departamentos de Cesar y La Guajira, según el Decreto 1482 del 31 de diciembre de 2025. Esta medida estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de preservar la seguridad y garantizar el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos. Es importante destacar que los titulares de permisos especiales (regionales y nacionales) tienen hasta el 10 de febrero de 2026 para renovar sus permisos. Después de esta fecha, el armamento podrá ser incautado o decomisado si no se cumplen con los trámites de renovación correspondientes. La suspensión aplica para personas naturales y jurídicas, con excepciones para entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, el Inpec, Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia, entre otras.